TRES DE LA PROVINCIA NO CUMPLE CON EL MÍNIMO DE POLICIAS LOCALES.
IDEAL.ES
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El anteproyecto de una ley autonómica obliga a tener cinco agentes como mínimo en localidades con más de 5.000 vecinos
Todos los municipios granadinos con más de cinco mil habitantes
estarán obligados a disponer de una plantilla de policía local
integrada, como mínimo, por cinco agentes. El Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía dio luz verde este martes al anteproyecto de la nueva
Ley de Coordinación de las Policías Locales que aún está abierta a
recoger nuevas propuestas de los partidos con presencia en el Parlamento
de Andalucía.
La provincia de Granada dispone de 35 localidades con más de cinco mil habitantes y sólo tres incumplirían ahora mismo este criterio, Alfacar, Órgiva e Iznalloz. Tres localidades con más de cinco mil habitantes y con menos de cinco agentes en sus respectivas plantillas. La Junta ha fijado ese criterio de mínimos, pero no establece cuántos efectivos policiales debe haber a partir de 8.000, 10.000, 15.000, 20.000, 50.000 o 100.000 habitantes. Así, una localidad como Motril con 58.500 habitantes cumpliría la ley con sólo cinco policías locales. Le sobrarían 105 de los 110 de que dispone en la actualidad. Este anteproyecto se basa en la directiva europea que recomienda la presencia de un policía local por cada mil habitantes; un extremo que superan la capital granadina, Motril, Monachil, Loja, Santa Fe, Otura o Baza, entre otros con una ratio policía-habitante que mejora la norma europea.
No debe olvidarse tampoco la importancia de la presencia de Policía Local tanto en los municipios más grandes como en los pequeños, porque hoy por hoy son un eslabón fundamental para cubrir las importantes carencias de plantilla tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional, cada una en su demarcación.
Tanto es así que, por citar un ejemplo, en la capital granadina existe un intercambio de radios entre la Policía Local de Granada y la Policía Nacional para que ambos cuerpos policiales estén informados al minuto de todos los sucesos que se registran en demarcación de Policía Nacional. Otro ejemplo de colaboración es la mantenida en Pinos Puente entre el área de Investigación de la Guardia Civil y la Policía Local de este municipio, con unos resultados, a tenor de la resolución de casos, envidiable.
Y todo ello sin olvidar que la Policía Local no tiene competencias en materia de seguridad ciudadana, algo exclusivo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Sobre el papel sólo están para atender problemas de tráfico, custodia de edificios municipales y de autoridades, así como las ordenanzas de cada ayuntamiento, principalmente. Pero la realidad es otra bien distinta: incautan drogas, apoyan algunas investigaciones policiales, intervienen en agresiones o en robos, asuntos de violencia de género y así un largo etcétera.
La nueva norma consolidará el modelo de policía de proximidad a la ciudadanía, de especial interés para afrontar situaciones de gran sensibilidad social como la violencia de género o la discriminación contra la mujer. También reforzará las medidas de promoción profesional para aumentar la presencia femenina, cuya ratio de tan sólo el 6% se sitúa hoy por debajo de las de la Policía Nacional, la Guardia Civil o el Ejército, así como para evitar la excesiva concentración de las agentes en tareas administrativas.
Respecto a los procedimientos de selección, se recoge como novedad que no podrán formar parte de los tribunales calificadores el personal de elección o designación política, el funcionario interino ni el eventual. Asimismo, la jefatura la ostentará preferentemente un miembro de los cuerpos de la Policía Local de Andalucía.
Con carácter general, la edad del paso a la segunda actividad se aumenta en un año para cada escala y se especifica que se desarrollará preferentemente en la propia plantilla del cuerpo (frente a la actual prioridad referida a «otras plazas del área de seguridad»).
El anteproyecto también incluye entre las causas de paso a la segunda actividad el riesgo durante la lactancia natural y permite a las mujeres policías participar en procedimientos de movilidad o promoción mientras están en esa situación, a fin de no limitar sus posibilidades de promoción.
La futura ley incorporará un nuevo régimen de formación dirigido a favorecer la carrera profesional de los policías y a hacer frente a los nuevos retos de la seguridad ciudadana. La Escuela de Seguridad Pública de Andalucía será la responsable de diseñar, homogeneizar e impartir los cursos de ingreso y capacitación, que prestarán especial atención a temas como la igualdad
La provincia de Granada dispone de 35 localidades con más de cinco mil habitantes y sólo tres incumplirían ahora mismo este criterio, Alfacar, Órgiva e Iznalloz. Tres localidades con más de cinco mil habitantes y con menos de cinco agentes en sus respectivas plantillas. La Junta ha fijado ese criterio de mínimos, pero no establece cuántos efectivos policiales debe haber a partir de 8.000, 10.000, 15.000, 20.000, 50.000 o 100.000 habitantes. Así, una localidad como Motril con 58.500 habitantes cumpliría la ley con sólo cinco policías locales. Le sobrarían 105 de los 110 de que dispone en la actualidad. Este anteproyecto se basa en la directiva europea que recomienda la presencia de un policía local por cada mil habitantes; un extremo que superan la capital granadina, Motril, Monachil, Loja, Santa Fe, Otura o Baza, entre otros con una ratio policía-habitante que mejora la norma europea.
No debe olvidarse tampoco la importancia de la presencia de Policía Local tanto en los municipios más grandes como en los pequeños, porque hoy por hoy son un eslabón fundamental para cubrir las importantes carencias de plantilla tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional, cada una en su demarcación.
Tanto es así que, por citar un ejemplo, en la capital granadina existe un intercambio de radios entre la Policía Local de Granada y la Policía Nacional para que ambos cuerpos policiales estén informados al minuto de todos los sucesos que se registran en demarcación de Policía Nacional. Otro ejemplo de colaboración es la mantenida en Pinos Puente entre el área de Investigación de la Guardia Civil y la Policía Local de este municipio, con unos resultados, a tenor de la resolución de casos, envidiable.
Y todo ello sin olvidar que la Policía Local no tiene competencias en materia de seguridad ciudadana, algo exclusivo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Sobre el papel sólo están para atender problemas de tráfico, custodia de edificios municipales y de autoridades, así como las ordenanzas de cada ayuntamiento, principalmente. Pero la realidad es otra bien distinta: incautan drogas, apoyan algunas investigaciones policiales, intervienen en agresiones o en robos, asuntos de violencia de género y así un largo etcétera.
La nueva norma consolidará el modelo de policía de proximidad a la ciudadanía, de especial interés para afrontar situaciones de gran sensibilidad social como la violencia de género o la discriminación contra la mujer. También reforzará las medidas de promoción profesional para aumentar la presencia femenina, cuya ratio de tan sólo el 6% se sitúa hoy por debajo de las de la Policía Nacional, la Guardia Civil o el Ejército, así como para evitar la excesiva concentración de las agentes en tareas administrativas.
Ámbito supramunicipal
En relación con las funciones, el anteproyecto abre la posibilidad de
que la actuación de los cuerpos de policía local trascienda de su
ámbito municipal en situaciones de emergencia y para la prestación de
servicios conjuntos. Asimismo, permite la firma de convenios de
colaboración entre ayuntamientos para refuerzos de plantillas y el
desempeño de funciones de protección de las autoridades. Respecto a los procedimientos de selección, se recoge como novedad que no podrán formar parte de los tribunales calificadores el personal de elección o designación política, el funcionario interino ni el eventual. Asimismo, la jefatura la ostentará preferentemente un miembro de los cuerpos de la Policía Local de Andalucía.
Con carácter general, la edad del paso a la segunda actividad se aumenta en un año para cada escala y se especifica que se desarrollará preferentemente en la propia plantilla del cuerpo (frente a la actual prioridad referida a «otras plazas del área de seguridad»).
El anteproyecto también incluye entre las causas de paso a la segunda actividad el riesgo durante la lactancia natural y permite a las mujeres policías participar en procedimientos de movilidad o promoción mientras están en esa situación, a fin de no limitar sus posibilidades de promoción.
La futura ley incorporará un nuevo régimen de formación dirigido a favorecer la carrera profesional de los policías y a hacer frente a los nuevos retos de la seguridad ciudadana. La Escuela de Seguridad Pública de Andalucía será la responsable de diseñar, homogeneizar e impartir los cursos de ingreso y capacitación, que prestarán especial atención a temas como la igualdad
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