EL AYUNTAMIENTO MULTA AL GOBIERNO POR EL ABANDONO DE LA ANTIGUA CÁRCEL.

HUELVA INFORMACIÓN

El Consistorio requirió al Ministerio de Hacienda la ejecución de actuaciones urgentes de seguridad y limpieza Actuará de forma subsidiaria eliminando maleza y sellando las entradas

Aspecto que presentaban ayer dos de las galerías de la antigua prisión, con restos de cascotes y mobiliario.

El Ayuntamiento de Huelva va a imponer una multa coercitiva -en una cuantía por cuantificar- a la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ante el incumplimiento de la orden de ejecución remitida por el Consistorio a finales de septiembre para que se acometieran actuaciones urgentes de seguridad y limpieza en el edificio de la antigua cárcel. Además, se ha abierto otro expediente a este organismo estatal por infringir la Ordenanza Reguladora de la Inspección Técnica de Edificios (ITE), procedimiento que podrá desembocar en otra sanción.

"Es necesario proteger este edificio y, sobre todo, la seguridad de las personas que entran y salen de allí. Durante este tiempo se han producido incendios y derrumbes, y la Administración responsable del edificio no ha hecho absolutamente nada", señalaba ayer el concejal de Urbanismo, Infraestructuras y Servicios Públicos, Manuel Gómez, a través de una nota de prensa.

"Hemos decidido actuar de forma subsidiaria desde el Ayuntamiento para acometer las actuaciones más urgentes con cargo a los presupuestos municipales pero reclamando luego los costes por vía de apremio", explicó. De este modo, se limpiarán y desbrozarán las zonas exteriores y se cerrarán todos los accesos tapiando puertas y ventanas para evitar más incidencias, intrusiones y hurtos.

Ante la "inoperancia" del Gobierno central en este asunto, "pues Instituciones Penitenciarias no solo ha incumplido los plazos que se le dieron el pasado otoño sino la prórroga que le concedimos", el Consistorio ha iniciado un procedimiento por el que se interpondrán hasta diez multas coercitivas para exigirle: limpieza exhaustiva exterior e interior, retirada de escombros y residuos, cerramiento de todos los accesos a la edificación, así como la reparación de cubiertas y de todos los elementos estructurales en los que se ha detectado peligro de desprendimientos.

Como mecanismo de ejecución forzosa, cada una de estas multas -que se impondrán con una periodicidad mensual- supondrá una cuantía del 10% del coste de las actuaciones requeridas, que en total rondan los 40.000 euros.

El Ayuntamiento tiene la potestad de hacer cumplir a los responsables de un inmueble -máxime si está catalogado por su valor patrimonial y arquitectónico- su responsabilidad de mantener en óptimas condiciones las construcciones ubicadas en el término municipal. "Por tanto, estamos actuando como con cualquier otro propietario de un inmueble de la ciudad".

Estas medidas cautelares se establecen como "imprescindibles" para la conservación de un conjunto edificatorio cuya titularidad todavía está pendiente de transferirse al Consistorio. Ese trasvase patrimonial está a expensas de la resolución de un procedimiento que se inició en 2006.

Las medidas, insistió Gómez, son fruto de la "inacción y desidia de la Administración central ante un problema que se ha convertido en un foco de inseguridad e insalubridad para los vecinos del entorno y los propios ocupantes del inmueble, además del grave perjuicio al patrimonio histórico de nuestra ciudad, seriamente afectado por tantos años de abandono".