El SIP-AN ha denunciado al tribunal, en el que estaba el jefe del cuerpo en 2011, y a dos agentes que lograron las plazas, luego revocadas por un juez al detectar exámenes "copiados"
El Sindicato Independiente de Policía Local de Andalucía (SIP-AN) ha decidido denunciar al tribunal de unas oposiciones de la Policía Local de Motril celebradas en 2011, después de que un juzgado de lo Contencioso de la capital revocara, en 2012, las plazas de oficial que fueron asignadas a cuatro agentes tras concluir que dos de los exámenes "eran copiados".
La querella, a la que ha tenido acceso este diario, se formula exactamente contra las ocho personas que compusieron el tribunal de aquel proceso selectivo, entre los que figuran los entonces jefes del Servicio de Personal del Ayuntamiento de Motril y de la Policía Local, T.V.M. y J.M.R., respectivamente. Asimismo, se dirige contra los dos agentes a los que el sindicato atribuye los exámenes supuestamente copiados y que tras la oposición consiguieron ascender a oficiales.
De la querella se ha hecho cargo el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 5 de Motril, que la admitió a trámite a través de un auto fechado el pasado 26 de mayo. En él, el magistrado cita ya además para el próximo día 14 de junio a los dos agentes denunciados, a fin de darles traslado de la querella y tomarles declaración en calidad de "investigados" por un posible delito de contra la administración pública.
La querella explica que aquel proceso selectivo se convocó para la provisión definitiva de cuatro plazas de oficial de Policía Local del Ayuntamiento de Motril por el sistema de concurso oposición, correspondiente a la oferta de empleo público de 2009. El 15 de junio de 2011 se publicó la calificación final, que fue recurrida por una serie de agentes que igualmente se habían presentado oposiciones y que no habían conseguido la plaza.
El recurso de esos aspirantes sin plaza obtuvo como respuesta el silencio administrativo municipal y el caso acabó en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de la capital. Este órgano dictó una sentencia en enero de 2012, a la que también ha tenido acceso esta redacción y en la que estimó parcialmente el recurso de aquellos opositores.
El juez fue claro en su resolución y llegó a realizar esta afirmación: "resulta incontrovertido que estos dos aspirantes han copiado". Y lo habrían hecho, a su juicio, bien "entre ellos o utilizaron algún subterfugio para cambiar sus exámenes", pues ofrecieron "soluciones iguales" en unos supuestos prácticos y usaron "expresiones gramaticales idénticas". Incluso hubo una palabra en la que los dos omitieron la misma tilde: "ámbito (sic)".
Existe, a juicio del sindicato denunciante, un detalle que no fue indicado en el procedimiento administrativo y que, sin embargo, adquiere importancia en la interposición de la querella: "el lugar físico que ocuparon los dos aspirantes al puesto de oficial cuyos exámenes eran idénticos". Así, precisa la querella que los dos agentes "no estaban sentados juntos, sino que debido a que los aspirantes se sentaron por orden alfabético cada uno de ellos ocupaba un extremo de la sala donde se realizó el examen". Por ello, entiende el sindicato que "si no pudieron copiarse uno del otro, solo caben dos opciones, o que llevaran el examen ya realizado para entregarlo, lo que conlleva que tuvieran acceso a las preguntas con carácter previo a través del tribunal -cosa imposible ya que los temas preguntados se eligieron por insaculación (se extrajeron de un saco) en el mismo acto-, o que con posterioridad a la entrega del examen, a través del tribunal tuvieran acceso a los exámenes, procediendo al cambio de los mismos". Esta posibilidad, que es la que quiere que se investigue el sindicato, habría supuesto una presunta vulneración de la labor de custodia de los exámenes, "y esta parte -agrega- entiende que esta última posibilidad es la más lógica y evidente". Es por eso por lo que el letrado pide que se investigue lo sucedido, por si los hechos pudieron constituir delitos de prevaricación, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos y falsedad documental.
La querella pone de relieve otro hecho destacable: "que los exámenes llevaban el nombre en el encabezamiento, por lo que los ejercicios eran fácilmente identificables, y modificables".
La querella, a la que ha tenido acceso este diario, se formula exactamente contra las ocho personas que compusieron el tribunal de aquel proceso selectivo, entre los que figuran los entonces jefes del Servicio de Personal del Ayuntamiento de Motril y de la Policía Local, T.V.M. y J.M.R., respectivamente. Asimismo, se dirige contra los dos agentes a los que el sindicato atribuye los exámenes supuestamente copiados y que tras la oposición consiguieron ascender a oficiales.
De la querella se ha hecho cargo el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 5 de Motril, que la admitió a trámite a través de un auto fechado el pasado 26 de mayo. En él, el magistrado cita ya además para el próximo día 14 de junio a los dos agentes denunciados, a fin de darles traslado de la querella y tomarles declaración en calidad de "investigados" por un posible delito de contra la administración pública.
La querella explica que aquel proceso selectivo se convocó para la provisión definitiva de cuatro plazas de oficial de Policía Local del Ayuntamiento de Motril por el sistema de concurso oposición, correspondiente a la oferta de empleo público de 2009. El 15 de junio de 2011 se publicó la calificación final, que fue recurrida por una serie de agentes que igualmente se habían presentado oposiciones y que no habían conseguido la plaza.
El recurso de esos aspirantes sin plaza obtuvo como respuesta el silencio administrativo municipal y el caso acabó en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de la capital. Este órgano dictó una sentencia en enero de 2012, a la que también ha tenido acceso esta redacción y en la que estimó parcialmente el recurso de aquellos opositores.
El juez fue claro en su resolución y llegó a realizar esta afirmación: "resulta incontrovertido que estos dos aspirantes han copiado". Y lo habrían hecho, a su juicio, bien "entre ellos o utilizaron algún subterfugio para cambiar sus exámenes", pues ofrecieron "soluciones iguales" en unos supuestos prácticos y usaron "expresiones gramaticales idénticas". Incluso hubo una palabra en la que los dos omitieron la misma tilde: "ámbito (sic)".
Existe, a juicio del sindicato denunciante, un detalle que no fue indicado en el procedimiento administrativo y que, sin embargo, adquiere importancia en la interposición de la querella: "el lugar físico que ocuparon los dos aspirantes al puesto de oficial cuyos exámenes eran idénticos". Así, precisa la querella que los dos agentes "no estaban sentados juntos, sino que debido a que los aspirantes se sentaron por orden alfabético cada uno de ellos ocupaba un extremo de la sala donde se realizó el examen". Por ello, entiende el sindicato que "si no pudieron copiarse uno del otro, solo caben dos opciones, o que llevaran el examen ya realizado para entregarlo, lo que conlleva que tuvieran acceso a las preguntas con carácter previo a través del tribunal -cosa imposible ya que los temas preguntados se eligieron por insaculación (se extrajeron de un saco) en el mismo acto-, o que con posterioridad a la entrega del examen, a través del tribunal tuvieran acceso a los exámenes, procediendo al cambio de los mismos". Esta posibilidad, que es la que quiere que se investigue el sindicato, habría supuesto una presunta vulneración de la labor de custodia de los exámenes, "y esta parte -agrega- entiende que esta última posibilidad es la más lógica y evidente". Es por eso por lo que el letrado pide que se investigue lo sucedido, por si los hechos pudieron constituir delitos de prevaricación, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos y falsedad documental.
La querella pone de relieve otro hecho destacable: "que los exámenes llevaban el nombre en el encabezamiento, por lo que los ejercicios eran fácilmente identificables, y modificables".
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