Las quejas al Defensor del Pueblo andaluz suben un 10%, pero se sitúan por debajo de otras provincias con menos población como Córdoba
Los granadinos sólo presentaron al Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, 386 quejas durante 2015. Es sólo algo más de una protesta al día, que se concentraron en los principales municipios de la provincia. La capital, Motril, Albolote, Almuñécar y Baza fueron, en este orden, las localidades que más escritos recogieron, concentrando cerca de la mitad de las quejas y la mayoría de las firmas. En el informe anual del Defensor del Pueblo, que ha sido presentado en el Parlamento autonómico, Maeztu destaca que el trabajo realizado en Granada para difundir la utilidad de remitir consultas a las oficinas del Defensor del Pueblo ha provocado que en la provincia hayan aumentado un 10% los escritos presentados.
Por temas, las reclamaciones sobre Medio Ambiente fueron las más comunes en Granada. Una de cada doce quejas presentadas se realizaron sobre este área. Le siguen de cerca las protestas realizadas en las áreas Consumo (31), Educación (30) y Salud (30).
La reclamación que contó con un mayor respaldo fue la realizada por los sanitarios del centro de salud de Baza, que recogieron 6.800 firmas en la localidad y los pueblos vecinos. La reclamación presentada sostenía que las urgencias de atención primaria de Baza se encuentran compartiendo espacio físico con las urgencias del hospital comarcal. Los trabajadores sanitarios pidieron que estas se trasladaran al centro de salud de la capital para mejorar el servicio que se presta en la comarca. «Al tener los servicios de urgencias de atención primaria diferenciados de sus servicios de urgencias hospitalarias, los pacientes pueden acudir donde ellos elijan por su propio criterio, sin necesidad de tener que desplazarse al hospital», explicó en su día la comisión encargada de la darle visibilidad a la protesta. La petición sirvió para sacar un «compromiso administrativo» para la realización de un «estudio técnico» de la viabilidad de la reclamación.
Otra protesta con un importante número de firmas se produjo en Motril. En este caso fue el PP el que promovió una recogida de firmas para solicitar con más de 1.600 vecinos la falta de limpieza en la calles de Motril. La portavoz del PP en el Consistorio motrileño, Luisa García Chamorro, consideró el pasado mes de octubre que la reclamación realizada por un importante colectivo de motrileños era «justa y necesaria», al entender que quieren «una solución al problema de insalubridad que vienen sufriendo los barrios y anejos de Motril».
Además de estas dos quejas, que fueron las que consiguieron movilizar a más granadinos durante el año pasado, hay otras relacionadas con diferentes sucesos de 2015. Por ejemplo, un bloque de quejas se refiere a cortes de luz en barrios o diferentes poblaciones. El Defensor del Pueblo destaca que desde el barrio de La Paz de la capital le llegó una reclamación alegando que se producían «acometidas ilegales, la mayoría de ellas para cultivo de plantaciones de marihuana». Ante ello, Jesús Maeztu pidió a todas las administraciones implicación para darle solución al problema y normalizar la situación.
Emasagra también recibió una llamada de la oficina del Defensor del Pueblo. A la empresa encargada de gestionar el agua en la capital y algunos pueblos del área metropolitana, este organismo le pidió bonificaciones para consumidores vulnerables, a lo que la empresa contestó que lo tendría en cuenta de cara a futuras actualizaciones de su tarifa.
Desde Chauchina llegó una queja de personas que utilizaban el transporte público metropolitano porque el precio del billete era diferente, en función de la empresa concesionaria que gestionara el trayecto. La diferencia, según confirmó el propio consorcio, se debía a que el trayecto, aunque partía desde Chauchina y acababa en Granada, era distinto y por tanto el kilometraje también, algo que provoca una variación en el precio.
En Íllora hubo quien envió al Defensor del Pueblo una queja de un residente en la localidad que protestó porque en una vivienda del anejo de Alomartes se ubicaba un recinto y un pabellón calificados como residenciales en los que se estaban criando varios caballos. El Ayuntamiento de Íllora, al que le llegó esta protesta, argumentó que no disponía de medios para poder controlar la realización de esta actividad. Ante ello, la oficina de Jesús Maeztu le indicó que solicitará apoyo a la Diputación de Granada, pero que no permitiera que la actividad continuara.
Inmigración
En el conjunto de la provincia, diversas asociaciones de inmigrantes plantearon su preocupación por «la irregularidad sobrevenida a la que se estaba llegando por parte de muchas personas que, con motivo de la crisis y la falta de recursos económicos suficientes y de empleo, no pueden demostrar que han trabajado un periodo determinado de tiempo y no reciben prestación económica de ningún tipo».
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