El equipo de gobierno advierte que no asumirá los 500.000 en facturas extra que reclama la productora de la gestión del PP
La productora CBM reclamó a finales del pasado año facturas por más de 500.000 euros.
El equipo de gobierno del PSOE no tiene ninguna intención de reconocer los 548.000 euros que la productora CBM reclamó al Ayuntamiento a finales del año pasado (todavía en manos del PP) en concepto de servicios extraordinarios y que derivaron en la ruptura de la relación laboral que la productora mantenía con el Consistorio. El portavoz del equipo de gobierno, Baldomero Oliver, reconocía ayer que no iban a asumir "algo que ni siquiera el PP tuvo la decencia de asumir durante su gestión" e instó a la empresa a iniciar la reclamación de esta cuantía en los juzgados.
El interventor general y el titular de la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Granada ya advirtieron en un informe que los servicios extraordinarios facturados se excedieron del importe contratado, por lo que carecen de crédito y soporte jurídico, lo que implica que son nulos de pleno derecho. Esto significa que los gastos se autorizaron sin consignación presupuestaria, duplicando la cuantía con la que contaba cada año la tele municipal y que estaba fijada en 750.000 euros.
De momento, los trabajadores siguen realizando sus tareas con contratos menores que durarán hasta el mes de septiembre. Será entonces cuando el Ayuntamiento saque el pliego de condiciones para el concurso al que concurrirán distintas empresas del mundo audiovisual. En principio la idea del equipo de gobierno es que el nuevo contrato tenga una duración de cuatro años y se hará con un precio sensiblemente inferior a los 750.000 euros con los que contaba la televisión municipal para todo el año durante estos ejercicios atrás. En cuanto al personal la idea es que se queden trabajando 13 personas.
"Ya tuvimos una reunión de la comisión de control para explicar la situación. El nuevo pliego de condiciones tendrá que estar preparado y licitado en los próximos días para poder llegar a septiembre", apuntó el portavoz municipal, quien reconoció que, además, se está repasando factura a factura todo el montante que reclama la productora audiovisual en concepto de servicios extraordinarios.
Ayer, la junta de gobierno local del Ayuntamiento desestimó una reclamación de la productora CBM por valor de 115.594 euros en concepto de intereses de demora por retrasos en los pagos, aunque sí aprobaron el pago de 10.810 euros por el mismo concepto.
El interventor general y el titular de la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Granada ya advirtieron en un informe que los servicios extraordinarios facturados se excedieron del importe contratado, por lo que carecen de crédito y soporte jurídico, lo que implica que son nulos de pleno derecho. Esto significa que los gastos se autorizaron sin consignación presupuestaria, duplicando la cuantía con la que contaba cada año la tele municipal y que estaba fijada en 750.000 euros.
De momento, los trabajadores siguen realizando sus tareas con contratos menores que durarán hasta el mes de septiembre. Será entonces cuando el Ayuntamiento saque el pliego de condiciones para el concurso al que concurrirán distintas empresas del mundo audiovisual. En principio la idea del equipo de gobierno es que el nuevo contrato tenga una duración de cuatro años y se hará con un precio sensiblemente inferior a los 750.000 euros con los que contaba la televisión municipal para todo el año durante estos ejercicios atrás. En cuanto al personal la idea es que se queden trabajando 13 personas.
"Ya tuvimos una reunión de la comisión de control para explicar la situación. El nuevo pliego de condiciones tendrá que estar preparado y licitado en los próximos días para poder llegar a septiembre", apuntó el portavoz municipal, quien reconoció que, además, se está repasando factura a factura todo el montante que reclama la productora audiovisual en concepto de servicios extraordinarios.
Ayer, la junta de gobierno local del Ayuntamiento desestimó una reclamación de la productora CBM por valor de 115.594 euros en concepto de intereses de demora por retrasos en los pagos, aunque sí aprobaron el pago de 10.810 euros por el mismo concepto.
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